En España, el Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley del Partido Socialista (PSOE) para abolir la prostitución con el apoyo del Partido Popular (PP), la principal fuerza de oposición. La propuesta ha vuelto a poner el foco en las diferentes maneras de afrontar una realidad que casi nadie apoya… pero a la que nadie, tampoco, parece ser capaz de dar solución.
La prueba de la complejidad de esta cuestión es que ni la propia coalición de gobierno termina de entenderse. Una facción de Podemos, la formación de izquierdas que gobierna con el PSOE, no respalda la propuesta. Tampoco hay quorum en el seno del feminismo.
En realidad, las posturas en conflicto se pueden resumir en dos: abolir la prostitución o regularla.
Los partidarios de abolirla señalan que la línea entre la prostitución y la trata de personas es debilísima y que son muy pocas las mujeres que se dedican a la prostitución voluntariamente. La gran mayoría –señalan– lo hacen impelidas por la necesidad y no ejercerían la prostitución si no estuvieran en una situación precaria.
En la trinchera de enfrente, los que defienden regular la prostitución alegan argumentos muy similares a los que defienden la legalización de la droga –es más fácil controlar un mercado regularizado y que no opere en la clandestinidad– o a los que defienden el aborto –el cuerpo de la mujer es suyo y puede hacer con él lo que quiera– .Frente a la percepción casi generalizada en la opinión pública de que nadie se prostituye si tiene otras vías para ganarse la vida, los defensores de la legalización arguyen que hay mujeres que ejercen voluntariamente la prostitución y que una ley abolicionista atentaría directamente contra su libertad. Es la postura de Otras, el primer sindicato español y europeo de trabajadoras sexuales.
España, en el limbo de la alegalidad
El mismo debate se ha dado en algunos países que han tomado una u otra opción: Entre los que han regulado la prostitución destacan Holanda y Alemania; entre los que apuestan por la abolición, el modelo es Suecia, que fue el primer país que apostó por suprimir la prostitución en 1991. En España, la prostitución es alegal y, por tanto, se mueve en un limbo complejo. La prostitución libremente ejercida por mayores de edad es legal; sí es ilegal el proxenetismo, la explotación sexual de personas, y puede ser delito si hay coacción, o si no la hay pero se trata de alguien vulnerable o las condiciones son abusivas. Por otra parte, los clubs pueden darse de alta con diferentes denominaciones.
En Suecia, la ley que penaliza a los clientes ha conseguido un fuerte retroceso de la prostitución
El resultado de esta alegalidad es que apenas hay datos sobre la prostitución y, los que hay, difieren mucho. Se habla de que en España hay 1.200 clubes, que cerca de 100.000 mujeres ejercen la prostitución y que uno de cada tres españoles ha acudido alguna vez al sexo de pago. Unas cifras que colocan a España en un poco elogiable liderazgo.
De ahí la necesidad urgente de afrontar el problema. La propuesta del PSOE es muy similar a la ley sueca, que pone trabas al proxeneta y al cliente tratando de no criminalizar a la prostituta, a la que considera víctima de violencia de género. Aunque también falten datos fiables, las duras sanciones a los consumidores de sexo –fuertes multas y hasta un año de cárcel– han conseguido una reducción muy importante de la prostitución en la calles y burdeles suecos. Es cierto que, en estos últimos años, ha aumentado la oferta de prostitución en Internet, pero el efecto disuasorio en estos veinte años ha sido fuerte.
La ley española, mirándose en Suecia, prevé penas, además de a los proxenetas, a los clientes y a quienes faciliten locales para ejercer la prostitución. En el fondo, se trata de “cercar” y perseguir una actividad que casa poco con un mundo que quiere presumir de progreso, igualdad y respeto a los derechos humanos. En ese sentido, la escritora y profesora de sociología en la Universidad de A Coruña Rosa Cobo no duda en sentenciar que “hacer políticas abolicionistas es colocarnos en el lado correcto de la historia porque es un paso ético fundamental para civilizar nuestra sociedad y nuestra democracia”.
Educación para los clientes y ayudas para las prostitutas
En cualquier caso, estas políticas abolicionistas necesitan dos importantes muletas para no ser hipócritas.
Por una parte, hacen falta proyectos serios de ayuda para todas las mujeres que quieran salir de la prostitución. Hace unos días, y precisamente para apoyar las políticas abolicionistas, tuvo lugar en Madrid un encuentro con supervivientes de la trata. Sus testimonios confirman que estas ayudas no pueden ser solo económicas, sino sociales, psicológicas e incluso espirituales. Sin estas medidas, las políticas abolicionistas se quedan en palabrería. Si estás dispuesto a frenar una actividad que es un medio de vida para muchas personas, tienes que aportar una salida, otro escenario más digno pero real.
Por otra parte, es necesaria también una formación y una educación afectivo-sexual para frenar la prostitución. Las multas a los clientes solo serán un parche si no se aborda el problema de fondo de la prostitución, si no se deja de cosificar a la mujer y si se desvincula la sexualidad de un compromiso afectivo. En ese sentido, preocupa que ha bajado la edad de los clientes, pero –en cierto modo– se explica por la hipersexualización de la sociedad y el acceso a la pornografía. Muchos jóvenes –apoyados por la alegalidad o la legalidad de la prostitución– han normalizado estos comportamientos en despedidas de soltero, celebraciones deportivas o simples salidas de fiesta. La abolición y una política punitiva pueden ayudar a frenar esta normalización. La formación y la educación tienen que hacer el resto para descubrir que, en la prostitución, no solo hay una víctima. Es un síntoma de una sociedad y unas relaciones enfermas. En el fondo, como señala Alberto Olmos, es preciso reconocer que detrás de las luces rojas, los focos de neón, los polígonos o los burdeles de lujo lo que hay es una gran tristeza.
Ana Sánchez de la Nieta
@AnaSanchezNieta